En el Club de Industriales de Querétaro y durante la presentación del libro “Función Notarial, Derechos Humanos y Argumentación Jurídica”, resultado de la investigación y elaboración de una nueva teoría jurídica de los doctores en derecho, Ramsés Montoya Camarena y Norberto Alvarado Alegría, miembros del Colegio de Doctores en Derecho del Estado de Querétaro, lanzaron un reto a los notarios del estado; a los legisladores y juzgadores y demás operadores jurídicos para decirles que “tienen obligación constitucional de argumentar; de interpretar desde esa visión de respeto a la Constitución y de la Convencionalidad para dejar de tener esa visión “paleopositivista” y migrar o transformarse hacia una nueva realidad para servir de mejor manera a los usuarios del servicio notarial”.

La presentación corrió a cargo de la doctora Mariela Ponce Villa, presidenta magistrada del Tribunal Superior de Justicia quien hizo una serie de alocuciones magistrales acerca de las formas y conceptos expresados por los autores haciendo un clara crítica a la posibilidad que realmente pueden tener los notarios dentro de la práctica notarial.

En su momento, el doctor y catedrático de la UAQ y exgobernador de Querétaro, Mariano Palacios Alcocer quien consideró que “ la obra tiene una clara visión académica y operativa, desde el punto de vista jurisdiccional al señalar que la función del notariado a la luz de la evolución del estado moderno”; “es un claro repaso de la teoría jurídica y del estado en la que la función notarial tiene la obligación de dar certeza jurídica a los ciudadanos como un valor fundamental del estado de derecho”.

Por su parte el doctor Javier Rascado Pérez, presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro preciso que “la función argumentativa de los autores es resultados de una estructura analítica muy bien cuidada en lo que tiene que ver con la visión constitucional del estado de derecho”. Reconoció las aportaciones de este texto luego de las acciones públicas enfocadas al resquebrajamiento institucional de la democracia.

Ante un nutrido auditorio de abogados, magistrados, notarios públicos, jueces y académicos del derecho, acudió la secretaria de gobierno, Lupita Murguía en representación del gobernador del estado, Mauricio Kuri y, por su parte, Arturo Molina Zamora, secretario de gobierno municipal, en representación del alcalde Luis Nava.

Es necesario evolucionar y poner fin a las malas prácticas notariales y por ello, deben, dijo el doctor Alvarado Alegría, “no quedarse solamente en la práctica de “dador de fe” y habrá que generar y producir una nueva concepción del derecho que deben y pueden hacer en la acción notarial y dar buenas razones a los jueces, magistrados, funcionarios públicos para darle vida a esa negociación jurídica”.

Entre los asistentes, pudimos constatar la presencia del doctor, Juan Martín Granados Torres; del doctor Marco Antonio León Hernández; el fiscal general del estado, Alejandro Echeverría Cornejo; Carlos Eguiarte; Rodrigo Monsalvo; Sergio Herrera Trejo; Pablo Meré Alcocer, Javier Marra; Mayela Portos; Calixto de Santiago Silva; Miguel Vega; Jesús Rodríguez; Tere Arroyo; Juan Marcos Granados; Martín Arango y Alfonso Jiménez Campos entre otros distinguidos familiares y amigos de los autores.

La conclusión de tan singular presentación es que los notarios públicos no sólo deben asumirse como operadores legítimos del estado de derecho, sino que deben asumir la gran responsabilidad de la argumentación jurídica para darle vida a las acciones notariales desde la perspectiva del derecho.