El Poder Judicial de Perú ordenó cinco meses de prisión preventiva contra Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros en el gobierno de Pedro Castillo, y dispuso su captura a nivel nacional e internacional tras considerar que incumplió reglas de conducta al refugiarse en la Embajada de México, mientras afronta el tramo final del juicio por el intento de golpe de Estado de 2022.

“Además de dictar la restricción de cinco meses de prisión preventiva, [el juez] dispuso que se traslade la orden de captura en el Perú y en el extranjero y que se notifique a la Policía Nacional, a Requisitorias del Poder Judicial y a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)”, señala la resolución.  

Chávez, procesada por su presunta participación en los hechos del 7 de diciembre de 2022, incumplió obligaciones como el control biométrico y la prohibición de ausentarse de Lima al ingresar a la residencia diplomática de México el 3 de noviembre, según el requerimiento fiscal. 

Perú rompió relaciones diplomáticas con México por considerar que el asilo otorgado a Chávez constituye una injerencia en sus asuntos internos y el Congreso del país nombró como persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El TC dispuso su excarcelación y recordó los estándares de legalidad para la duración de la medida cautelar. La Cancillería peruana confirmó que Chávez recibió asilo de México y que ingresó a la embajada en Lima a la espera de un salvoconducto. 

El gobierno de Dina Boluarte suspendió el procedimiento de salida mientras evaluaba el caso en foros regionales, un episodio que tensó la relación bilateral meses después de que Lima declarara persona non grata al embajador mexicano en 2023 por declaraciones sobre la crisis peruana.