La delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Querétaro atraviesa por una etapa crítica en su capacidad operativa. A pesar del incremento de denuncias ciudadanas por presunta extracción irregular de agua, la respuesta institucional ha sido limitada, lenta y, en palabras del propio titular, rebasada por la realidad.

Habitantes de zonas como Santa Rosa Jáuregui —en el camino a Montenegro— y la carretera a Tlacote, cerca de la empresa AgroGen, han alertado sobre la existencia de al menos dos pozos cuya operación ha derivado en una disminución del suministro de agua. Sin embargo, las acciones de inspección siguen sin concretarse con la urgencia que la problemática demanda.

El director local de Conagua, José Gerardo Sinecio Ríos, admitió que la dependencia cuenta únicamente con cuatro inspectores para todo el estado, una cifra que evidencia un rezago estructural frente a la magnitud del problema. Aunque el funcionario intenta matizar la situación calificándola como “un reto” y “área de oportunidad”, la realidad es que la escasez de personal ya impacta directamente en la vigilancia y control de los recursos hídricos.

Más aún, el propio titular reconoció que desde su llegada al cargo apenas se han realizado alrededor de diez inspecciones, cubriendo cerca de veinte irregularidades o “rubros”. Este número resulta alarmantemente bajo si se contrasta con la extensión territorial del estado y la creciente presión sobre los acuíferos.

A pesar de ello, Sinecio Ríos insiste en que la operatividad “no se reduce” y que se están cumpliendo las metas establecidas desde oficinas centrales. No obstante, evita transparentar información clave: se negó a revelar los llamados “focos rojos” detectados en la entidad bajo el argumento de no alertar a posibles infractores, lo que también limita el escrutinio público y la rendición de cuentas.

El contraste es evidente: por un lado, la ciudadanía denuncia posibles abusos y afectaciones directas al acceso al agua; por otro, la autoridad responde con procesos “calendarizados”, sin operativos contundentes ni una estrategia clara de contención.

En un estado donde el estrés hídrico va en aumento y el crecimiento urbano presiona cada vez más los recursos naturales, la falta de capacidad operativa de Conagua no solo es un problema administrativo, sino un riesgo directo para la seguridad hídrica de miles de queretanos.

La pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿puede una dependencia con recursos tan limitados garantizar la legalidad en el uso del agua o está, en los hechos, permitiendo que la extracción irregular avance sin control?