La Fiscalía General del Estado de Querétaro presentó los resultados ministeriales correspondientes a julio de 2026, los cuales reflejan el fortalecimiento de las labores de investigación y judicialización, mediante un modelo de procuración de justicia basado en resultados.

Durante el mes se iniciaron 4 mil 712 carpetas de investigación y se determinaron 4 mil 765, alcanzando una eficacia del 101.12% en la resolución de carpetas. Este resultado refleja la capacidad institucional para atender tanto los asuntos iniciados durante el periodo como investigaciones previamente existentes.

En el ámbito de la procuración de justicia se realizaron mil 207 audiencias, se obtuvieron 100 sentencias condenatorias, lo que representa una eficacia del 99.01% en sentencias.
Como resultado de estas resoluciones, se acumularon 154 años de prisión, además de obtenerse una reparación del daño por 3 millones 553 mil 443 pesos con 47 centavos a favor de las víctimas.

Respecto a la judicialización de las investigaciones, 342 detenciones fueron calificadas como legales, alcanzando una eficacia del 89.53%. Asimismo, se obtuvieron 526 vinculaciones a proceso, frente a 35 no vinculaciones, para una eficacia del 93.76%, reflejando la solidez jurídica de las investigaciones presentadas ante la autoridad judicial.

Como parte de las herramientas de investigación autorizadas por los órganos jurisdiccionales, durante julio se ejecutaron 217 cateos, con una eficacia del 99.54%. Adicionalmente, fueron inmovilizadas 12 cuentas bancarias, mediante las cuales se garantizó la reparación del daño por 10 millones 728 mil 130 pesos con 92 centavos, fortaleciendo la protección de los derechos de las víctimas y el combate a los beneficios económicos derivados de actividades delictivas.

Estos resultados reflejan el compromiso de la Fiscalía General del Estado con la procuración de justicia, mediante el trabajo coordinado del personal ministerial, la Policía de Investigación del Delito y los Servicios Periciales, fortaleciendo la investigación científica del delito, la judicialización de las carpetas y la obtención de resoluciones que garantizan el acceso a la justicia para las víctimas.