La noche del pasado jueves 10 de febrero fue asesinado Heber López, en el puerto de Salina Cruz, ubicado en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca.
Con su asesinato, el gremio periodístico a nivel nacional suma cinco homicidios en apenas dos meses y, con esta tragedia, se reaviva la necesidad de expresar nuestra inconformidad ante la inseguridad laboral y social a la que estamos expuestas y expuestos.
La vida de las y los periodistas corre riesgo, sobre todo en los estados y en los municipios más alejados de las zonas urbanas, en donde se mantienen gobiernos de cacicazgos y en donde, en el peor de los casos, el crimen organizado forma parte del Estado.
Sin embargo, los asesinatos a periodistas son la punta del iceberg en un sistema de precariedad laboral en donde las y los trabajadores de medios debemos subsistir con bajos salarios, pocas o nulas prestaciones sociales; a lo que se suma, múltiples obstáculos a los que nos exponemos diariamente para realizar la labor de informar, desde trabas para acceder a información pública hasta amenazas por parte de funcionarios o, incluso, instituciones privadas o pobladores.
A esto se le suma la polarización de las opiniones y la crítica contra el periodismo que se ejerce desde el Ejecutivo Federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que sólo contribuyen a vulnerar la difícil situación que viven miles de periodistas en México. En el estado de Querétaro, nos sumamos al llamado de justicia de nuestras compañeras y nuestros compañeros asesinados y, también exigimos un cese a las situaciones de hostigamiento que han ocurrido en el estado, así como una mejora urgente a las condiciones laborales.
Aunque el discurso gubernamental en el estado ha asegurado durante varios sexenios que Querétaro es una entidad donde predomina la seguridad y se respeta la libertad de prensa, lamentablemente han existido altercados, sobre todo de instituciones de seguridad a los compañeros de la prensa.
Uno de los hechos más recientes ocurrió el 4 de febrero de este año, cuando elementos de seguridad privada amedrentaron a un reportero que acudía a dar cobertura del fallecimiento de una persona en el estadio Olímpico. Pero este no es el único hecho de este tipo.
El 28 de enero, personal de seguridad privada también amedrentó a la prensa que se encontraban realizando una cobertura de un fallecimiento, por una descarga eléctrica, de una persona en una sucursal de Telcel en la avenida Epigmenio González.
Uno de los guardias de seguridad, amenazó a los compañeros con lo siguiente: “¿Son de prensa? Ya saben. Si no entienden, córtenles cartucho”.
Meses atrás, el 19 de septiembre del 2021, pobladores de la zona de Villalba, Corregidora amenazaron a dos reporteros que realizaban la cobertura de un doble homicidio en la zona; además, retuvieron a uno de ellos, le quitaron su teléfono celular y lo amenazaron de evitar difundir la noticia.
Todo esto ocurrió ante la falta de atención oportuna por parte de elementos de seguridad pública del municipio de Corregidora.
Estos hechos forman parte de ejemplos donde la seguridad de nuestros compañeros ha estado en riesgo durante el ejercicio de su trabajo.
Por ello, exigimos lo siguiente:
● Que se reforme la Ley Federal del Trabajo y se considere el periodismo una profesión de alto riesgo.
● Que las empresas de medios de comunicación no recurran a prácticas mezquinas como registrar a sus trabajadores ante el Seguro Social, con el mínimo; además de que otorguen las prestaciones de ley, pues quienes trabajamos en medios de comunicación, desde reporteros, fotógrafos, editores,
● diseñadores, productores, jefes de información, vivimos la falta de condiciones para cubrir las necesidades básicas.
● Que las instituciones de seguridad pública y privada respeten la libertad de prensa, y se cese el hostigamiento, cuando reporteras y reporteros acuden a realizar su labor.
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