A las autoridades del Estado mexicano, garantes de la democracia, igualdad, justicia y paridad de género; partidos políticos, medios de comunicación, Instituciones de Educación Superior y ciudadanía en general, externamos lo siguiente: En el marco del V Encuentro de la Red Nacional de Formadoras y Defensoras de Derechos Políticos Electorales de las Mujeres, convocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, con la colaboración de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM (CUDH-UNAM), realizado los días 25 y 26 de septiembre de 2023 en la Ciudad de México, las integrantes de la Red Nacional de Formadoras y Defensoras de los Derechos Políticos-Electorales de las Mujeres (REFODEP), manifestamos lo siguiente: Todos los días y a todas horas, las formadoras y defensoras estamos protegiendo y defendiendo los derechos político-electorales de las mujeres, acompañando casos, difundiendo una cultura de igualdad, participando con las instituciones en los avances y vigilando retrocesos y, sobre todo, proponiendo día a día estrategias y actividades en la materia; este trabajo no es un asunto individual, es un trabajo colectivo, feminista y de interés general.

Hoy, de cara al Proceso Electoral Federal y Local 2023-2024, exigimos:

1. La creación, revisión, desarrollo y aplicación efectiva de las Defensorías públicas electorales nacionales para la defensa de los derechos políticos electorales de las mujeres y de sus defensoras.
2. La creación, revisión, desarrollo y aplicación efectiva de las Defensorías públicas electorales locales como una política pública nacional en beneficio de todas las mujeres de los Estados y municipios, con presupuesto y personal debidamente calificado con perspectiva de género y en defensoría estratégica para la defensa de las mujeres mexicanas participantes en la vida política y pública del país.
3. Fortalecer y armonizar la legislación para atender la violencia política de mujeres en cargos por designación.
4. Diseñar e implementar políticas a nivel nacional y estatal, así como estrategias y proyectos que favorezcan y promuevan la participación plena en la vida pública de las mujeres indígenas y afromexicanas en los cargos comunitarios en paridad, de modo tal que se garantice su voz, capacitación y participación activa en la vida comunitaria, que es donde se toman decisiones elementales de derechos, servicios públicos y aquellos que afectan sus vidas.
5. Generar políticas y acciones efectivas que impacten en el ámbito municipal tanto en el proceso electoral, como para el ejercicio pleno de cargos de presidencias municipales, síndicas y regidoras, para erradicar la Violencia Política en Razón de Género (VPMRG) de las que son sujetas, en particular las mujeres indígenas y/o afromexicanas.
6. Fortalecer las acciones en la prevención, atención, sanción y erradicación de los derechos políticos electorales de las mujeres, con enfoques de interculturalidad e interseccionalidad, así como en los procesos de formación y capacitación de las mujeres indígenas y afromexicanas para evitar la usurpación y la simulación de participación política.
7. Cumplir cabalmente con la Reforma Constitucional 3 de 3 contra la violencia en razón de género ante los nombramientos de servidores públicos. En este marco, resolver de manera urgente los casos en los estados de Zacatecas y Baja California Sur.
8. Garantizar que las y los servidores públicos que sean designados para ejercer un cargo, no se encuentren en ningún supuesto de la 3 de 3 contra la violencia.
9. Armonizar la Reforma Constitucional 3 de 3 en Campeche, Coahuila, Quintana Roo, Veracruz, CDMX, Morelos, Michoacán y Nuevo León.
10. Revisar y actualizar los criterios establecidos por el INE para el registro de candidaturas respetando el numeral cuarto del acuerdo que solicita a los partidos revisar que sus candidatos no estén en el registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política en razón de género.
11. Exhortamos al INE para que verifique y supervise que ningún aspirante a cargos de elección popular esté impedido por haber sido sancionado por violencia política contra las mujeres, ser deudor alimenticio moroso, o estar en el registro de personas sancionadas en la materia, tal como es su competencia.
12. Reformar la Ley General de Partidos Políticos para destinar un 3% del presupuesto para el trabajo con hombres en materia de erradicación de la violencia, cuyo porcentaje sea adicional al destinado al empoderamiento, capacitación y fortalecimiento de las mujeres.
13. Generar mecanismos para garantizar la reparación integral del daño a las mujeres que han sido víctimas de violencia política en razón de género. 3
14. Establecer lineamientos en el manejo de los datos de casos atendidos por todas las instituciones encargadas y aquellas que son vinculantes en la atención de casos de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG) a nivel federal, estatal y municipal, a efecto de que se tengan registros con perspectiva de interseccionalidad y derechos humanos que permitan una atención debida y la generación de políticas y programas adecuados para los sectores de la población prioritaria.
15. Promover y exigir programas y acciones gubernamentales, así como favorecer estrategias de apoyo y acompañamiento desde las ONG feministas en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de los derechos políticos electorales de las mujeres, indígenas y afromexicanas.
16. Garantizar acciones afirmativas que promuevan la participación y ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres indígenas y afromexicanas.
17. Exhortar a los Institutos Electorales a que exijan una distribución paritaria de las candidaturas, según corresponda en sus municipios.
18. Impulsar la alternancia de género en los municipios, Estados, entidades académicas, organismos autónomos y cargos de designación que no han sido presididos por mujeres (paridad vertical y horizontal).
19. Exhortar a las autoridades electorales a definir los criterios de paridad para la renovación de nueve gubernaturas en 2024.
20. Acortar los tiempos de deliberación en casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género para garantizar procesos expeditos.
21. Garantizar mecanismos para el cumplimiento de sentencias favorables a las mujeres que eviten conductas reincidentes y repetitivas
22. Garantizar la efectiva aplicación de la normatividad interna y de los protocolos de actuación al interior de los partidos políticos.
23. Fortalecer y actualizar los bancos de datos referentes a las denuncias, quejas y sentencias en materia de VPMRG.
24. Garantizar en los trabajos de los Observatorios de participación política en las 32 entidades, un impacto efectivo, tanto en la difusión de información actualizada, como con acciones de protección y defensa de los derechos políticos electorales de las mujeres, con la participación de la sociedad civil y la academia.
25. Incorporar y reconocer a las Defensoras de Derechos Políticos de las Mujeres en el Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a efecto de que reciban atención y protección debida.
26. Destinar al menos el 30 % del recurso que recibe CONAHCYT a la investigación, programas educativos, observación, documentación y divulgación sobre la participación política de las 4 mujeres, a través de las ONG feministas y de las defensoras de derechos políticos electorales, considerando el recurso de las multas que el INE aplica a partidos políticos.
27. Que en los programas de capacitación a precandidatas, candidatas y quienes son elegidas como autoridades, se incluyan obligatoriamente los temas de género, derechos humanos de las mujeres, liderazgo político, derechos político-electorales y prevención de la VPDMRG.
28. Promover en las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y privadas que se adopte la Reforma 3 de 3, para que se aplique en su estructura orgánica en todos los niveles jerárquicos y cargos, así como en los procesos electorales internos. Del mismo modo, crear un Registro de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género.
29. Implementar en las IES planes y programas de estudio para dar a conocer los desafíos y avances del feminismo, de la ciudadanía con perspectiva de género, la democracia y los derechos políticos electorales de las mujeres, así como prevenir la violencia política y favorecer la igualdad sustantiva en su labor de formación de profesionistas del mañana.
30. Exigir a las IES la armonización e implementación respecto al principio constitucional de la paridad, así como la reparación del daño por dilación en el acceso de las mujeres universitarias a puestos directivos.
31. Establecer Seminarios de reflexión y debate con personas expertas sobre el tema del derecho al acceso a la justicia de las mujeres y reparación integral del daño, en materia de derechos políticos electorales, como por ejemplo, el análisis del cumplimiento pleno de las sentencias y el acompañamiento institucional necesario a víctimas de violencia en razón de género, con objeto de erradicar la impunidad y fortalecer el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Firman Red Nacional de Defensoras y Formadoras de Derechos Políticos Electorales de las Mujeres REFODEP Ciudad de México, 25 y 26 de septiembre del 2023