En Sesión Solemne de Pleno de la LX Legislatura del estado de Querétaro, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Graciela Juárez Montes, recibió el Informe Anual de Actividades del magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, Juan Pablo Rangel Contreras, correspondiente al año 2022.
Durante su presentación ante las diputadas y diputados locales, el funcionario destacó que en el estado, la justicia administrativa se ha consolidado como una instancia para dirimir las controversias que se suscitan entre los particulares y las autoridades, tanto estatales como del orden municipal, lo que sin duda dijo, tiene una estrecha relación y sustento en los principios rectores con los que trabajan día con día dentro del tribunal, a fin de no apartarse de la emisión de las resoluciones con imparcialidad, objetividad y estricto apego a la legalidad.
Reconoció y agradeció a la Legislatura, por el presupuesto asignado, ya que apuntó que aunque las necesidades son innumerables, se tiene la claridad de operar un tribunal austero que privilegie la capacitación e invierte en la actualización de sus equipos tecnológicos, acorde a los requerimientos que se les van presentando, así como el fortalecimiento del capital humano para otorgar una justicia administrativa acorde a las características y condiciones propias del estado de Querétaro.
Agregó que la perspectiva para juzgar con equidad de género no es ajena a sus funciones, motivo por el que en este año 2022 que se informa, han implementado diferentes acciones alrededor del tema, desde la capacitación, difusión de sentencias y protocolos para juzgar y, de manera general transmitir a todo su personal la forma en que deben conducirse en los casos en que las disposiciones legales y los demás instrumentos normativos los conmina a impartir justicia con esta característica.
Reiteró que su actividad principal es la justicia administrativa y la resolución de los asuntos en materia de responsabilidades administrativas, actuando como autoridad jurisdiccional en los casos de faltas administrativas no graves y como autoridad resolutoria cuando se trata de faltas administrativas graves, razón por la cual mencionó que en el periodo que se informa, se recibieron más de 2 mil 200 demandas de juicios de nulidad y recurso de revisión; se dictaron mil 21 sentencias en los mismos tipos de juicios y recursos; se atendieron a 5 mil 803 ciudadanos, de los cuales un 12 por ciento elaboró y presentó su demanda correspondiente ante el propio tribunal.
En ese sentido, añadió que en la Oficialía de Partes se recibieron 15 mil escritos presentados ante el tribunal, ya sea de carácter jurisdiccional y administrativo, mediante la herramienta del boletín jurisdiccional y de forma personal; además de que se cumplieron con más de 68 mil 340 notificaciones por parte de los actuarios adscritos al área correspondiente, por lo que agradeció la labor de los magistrados José Armando Díaz de León y Lorena Montes, así como al demás personal por su trabajo diario, esfuerzo y empeño, ya que apuntó, un dato importante para el tribunal es la confirmación de sus resoluciones por parte de los tribunales federales, cuando se han impugnado vía amparo.
“Quiero resaltar diputadas y diputados que el 85% de las sentencias emitidas por la autoridad federal confirman el criterio sostenido por este tribunal de justicia administrativa; nos llena de orgullo y nos compromete a seguir haciendo el máximo de nuestros esfuerzos para otorgar justicia administrativa, justa y con estricto apego a la legalidad. Expreso finalmente a nombre de todas y todos los que formamos parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, nuestro compromiso para seguir contribuyendo desde nuestra trinchera al desarrollo de este gran estado”.
El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, Juan Pablo Rangel Contreras, señaló que durante más de 36 años de existencia de este tribunal, tanto en su forma unitaria, como Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como en la actualidad de manera colegiada, no se había llevado a cabo un inventario físico de los expedientes del mismo, que diera pauta a su vez para realizar la depuración y destrucción de aquellos que conforme a las disposiciones legales, no guardaban ninguna trascendencia y utilidad archivística.
Expresó que esta labor partió con la necesidad de crear una Coordinación de Archivos del tribunal como lo mandata la ley, y fue a través del trabajo de esta que identificaron 65 mil 820 expedientes clasificados por cada órgano jurisdiccional y unidad administrativa, por lo que con ello, en una primera etapa de actualización archivística se pudo consolidar la destrucción de 10 mil 323 expedientes, atendiendo en todo momento las disposiciones aplicables al caso.
