Los diputados Gerardo Ángeles Herrera, Verónica Hernández Flores y Ricardo Caballero González, presidente e integrantes de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura, recibieron al titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en el Estado de Querétaro, Benjamín Vargas Salazar, quien hizo entrega formal de su Cuarto Informe de Actividades.
El presidente de la Legislatura expresó que con el objeto de garantizar la rendición de cuentas de la gestión gubernamental y dar cumplimiento a lo que mandata la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, así como a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, recibe a nombre de esta Soberanía el informe anual de actividades de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, mismo que -dijo- será analizado de manera puntual.
“La corrupción es una amenaza para la gobernanza, el desarrollo sustentable, los procesos democráticos y las prácticas corporativas justas, su combate representa la respuesta a una demanda ciudadana con la firme intención de consolidar la confianza entre la sociedad y el gobierno”, expresó el legislador.
Asimismo, recordó que Querétaro fue la primera entidad en materializar un Sistema Estatal Anticorrupción, creando su propia estructura jurídica y atendiendo a lo previsto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y que, luego, esta Legislatura amplió las facultades de la Fiscalía General del Estado, a efecto de contar con un órgano dotado de autonomía técnica y operativa, especializado en el fenómeno de la corrupción, el que se denominó Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Querétaro.
En su exposición, Benjamín Vargas Salazar informó sobre las acciones realizadas de marzo de 2020 a febrero de 2021 por la Fiscalía Anticorrupción, la cual mantuvo sus actividades de manera ininterrumpida, con las medidas sanitarias correspondientes y destacó que Querétaro mantiene la estrategia para el combate a los delitos de corrupción.
“En estos cuatro años de trabajo se han sentado bases sólidas desde el ámbito penal para un combate decidido a los hechos de corrupción; no bajaremos la guardia, por el contrario, mantenemos firme el cumplimiento a la Constitución: Investigar y perseguir los delitos de corrupción para que el culpable no quede impune”, sostuvo el fiscal anticorrupción en el estado.
Afirmó que los resultados que se informan son producto de un trabajo con enfoque científico y multidisciplinario: “elementos indispensables para lograr que las investigaciones tengan sustento probatorio y solidez, por eso las acciones que ha desplegado el Grupo de Policía Anticorrupción son importantes para generar estrategias de investigación. Llevándose a cabo 474 análisis de información y 418 actos de investigación”.
Por otro lado, afirmó que se ejecutaron 23 órdenes de aprehensión, poniendo a disposición de la autoridad competente a los imputados, esto como resultado de los datos de prueba que la y los Fiscales sustentaron ante los jueces, producto de las investigaciones que llevaron a cabo tanto personal pericial como el Grupo de Policía Anticorrupción.
Asimismo, dio a conocer que se obtuvo de la autoridad judicial 7 fallos condenatorios para igual número de personas, sumando un total de 29 años de prisión y el mismo número en años de inhabilitación para quien cometió un delito de corrupción. Mientras que en lo que se refiere a reparación del daño, mencionó que se recuperaron 12 millones 47 mil 319 pesos y que en algunos casos la recuperación de este numerario regresó a las arcas del erario público.
En otro asunto, informó sobre la implementación de la operación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), a fin de generar resultados contundentes contra la corrupción.
Detalló que con ello, se podrán implementar técnicas especializadas de investigación, fomentar la coordinación de los tres órdenes de gobierno para el intercambio de información, coadyuvar en la prevención del delito de operaciones con recursos de procedencia Ilícita y celebrar convenios para el cumplimiento de sus fines, entre otros aspectos.
Resaltó que por primera vez en la procuración de justicia en la entidad, se disolvió una empresa que se involucró en un hecho de corrupción, esto mediante resolución judicial. Destacó que en un hecho inédito, se investigó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y además, se aseguró un inmueble por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuyo valor de la operación fue de 9 millones 500 mil pesos.
En otro tema, afirmó se ha mantenido la cultura de la denuncia por parte de la ciudadanía, iniciándose 50 carpetas de investigación, lo que representó un aumento del10% más que el periodo anterior. Además se judicializaron 14 carpetas de investigación por delitos de corrupción, vinculándose a proceso a 28 personas, cifra que -dijo- representa un 25% más respecto al año que se informa. Mencionó que de esa cifra, 23 personas pertenecen al ámbito municipal de la administración pública y 5 son particulares que se involucraron en un hecho de corrupción.
En lo que se refiere al cumplimiento a lo que estipula la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, manifestó que el cien por ciento del personal que integra esta institución, presentó y aprobó sus evaluaciones en materia de control de confianza. De igual forma, afirmó que el personal sustantivo mantiene vigente su Clave Única de Identificación Personal.
Benjamín Vargas sostuvo que el personal de la Fiscalía Especializada es confiable y cumple con su función constitucional, al informar que los integrantes del Grupo de Policía Anticorrupción cuentan con su Certificado Único Policial, destacando que Querétaro es el único estado del país en el que el cien por ciento de sus policías cumplen con ello.
Por otra parte, dio a conocer que han realizado alianzas estratégicas con instancias nacionales e internacionales, con el propósito de capacitar y especializar a su personal en sus áreas competentes, en temas como lavado de dinero y extinción de dominio, además de análisis de información criminal, impartidos por la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica.
