El gobernador, Mauricio Kuri González, encabezó la ceremonia de entrega de constancias para 31 operadores del Centro de Prevención Social del Delito y la Violencia en el estado de Querétaro, quienes consiguieron la recertificación como facilitadores ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, además de 78 diplomados en Justicia Restaurativa en Ejecución Penal y de medidas de sanción de medios alternativos, acto que dijo, demuestra la visión de fortalecer las instituciones.
Durante su intervención, sostuvo que hoy en día, aunque la policía tiene la encomienda de atender el orden y la tranquilidad pública, la prevención del delito y la violencia se ha convertido en una política pública, que implica trabajar en colaboración con líderes comunitarios, analizar contextos y establecer vínculos con otras instituciones del estado que se centran en el desarrollo humano o la asistencia social, pues uniendo esfuerzos, mejoramos las condiciones de vida de las personas en sus comunidades y su vida cotidiana.
“Sí, estamos avanzando al siguiente nivel al incorporar la prevención del delito como una política pública en la ley, en la cual la participación ciudadana es el eje central para la creación de comunidades más integradas. Como un organismo descentralizado, la Dirección de Prevención del Delito y la Violencia del Estado cuenta con facultades legales y patrimoniales para trabajar en las estrategias de prevención”, expresó.
Al hacer uso de la palabra en su calidad de enlace de la Comisión para la Evaluación de la Justicia Penal Acusatoria y Oral del Estado, Juan Martín Granados Torres, reconoció que desde el Poder Ejecutivo del Estado se haya asumido que la prevención del delito sea una política pública a cargo de un nuevo órgano de la administración pública, como la Dirección de Prevención del Delito y la Violencia, pues dijo, no existe legislación igual en una entidad o la federación.
Ponderó que el informe presentado por México Evalúa ubica a Querétaro entre los primeros cinco lugares con el mayor uso de los mecanismos alternativos, con el 21% de las carpetas iniciadas y resueltas, lo que significa que ha confirmado la eficiencia de este modelo de justicia.
“Más de 700 millones de pesos estarían en litigio, acentuando la discordia entre las personas e incluso entre familias. Gracias a ustedes hoy son casos resueltos. Y esto hace que la justicia entre pares funcione y que el diálogo y no la decisión de terceros, construya la convivencia y la paz”, enfatizó.
Dicho estudio, recordó, hace una severa crítica en el sentido de que en el sistema de justicia penal, a nivel nacional, la justicia alternativa, es ignorada por las fiscalías y los tribunales superiores de justicia, pues menos del 10% de los casos se turnan a esta opción de mayor civilidad y esencia de la justicia restaurativa.
El asesor en Políticas Públicas en el Estado expresó la confianza de que muy pronto se verán los resultados de la estrategia de Policía de Proximidad de Tres Justicias y la participación ciudadana en la reinserción cívica y penitenciaria, adoptadas dentro del programa estatal de seguridad.
Durante su intervención, la directora general del Centro de Prevención Social del Delito y la Violencia en el Estado de Querétaro, Sonia Angélica Colín Aboytes, manifestó que los resultados son muestra de que el trabajo en coordinación sigue y seguirá escribiendo el mejor capítulo en la historia de la justicia penal en la entidad, donde la justicia no se exige, se construye.
