Más de 35 organizaciones sociales y activistas feministas exigieron declarar el no ejercicio de la acción penal en las 18 carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto en el estado, al tratarse de un delito inconstitucional y urgieron a los nuevos diputados locales a realizar los cambios legales pertinentes para respetar y garantizar el libre acceso a la interrupción del embarazado.
A través de una videoconferencia, las activistas Consolación González Loyola Pérez y Marlene Martín Rico dieron a conocer el posicionamiento estatal con motivo del Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro, en el que llaman a las autoridades en funciones y electas a respetar los tratados internacionales y determinaciones de autoridades federales.
Subrayaron que “venimos a reclamar la reivindicación de los derechos de todas las mujeres que se encuentran siendo investigadas por el delito de aborto, por lo que instamos a la Fiscalía General se instruya, en el ejercicio de una acción afirmativa, se declare el no ejercicio de la acción penal sobre las investigaciones abiertas por el delito de aborto, por ser un delito ya declarado inconstitucional”.
Agregaron que “no queremos su archivo temporal”, sino acciones afirmativas frente a las 18 carpetas abiertas por el inconstitucional delito de aborto, que dejen de criminalizar a las mujeres y advirtieron que, de faltar a sus funciones, las autoridades locales “estarían incurriendo en el delito de ejercicio indebido de su función pública por omisión”.
“Instamos a la autoridad judicial, para que bajo el principio de interpretación conforme, para el caso que la autoridad administrativa en investigación, insista en criminalizar a las mujeres en el marco de la inconstitucionalidad, se decrete, la no vinculación a proceso de mujeres acusadas por este delito y se determine como una acción inconstitucional, toda vez que se ha quedado sentado jurisprudencia respecto a raíz de la sentencia que forma precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, reiteraron.
Asimismo, demandaron a la LX Legislatura Local que legislen para que el Código Penal deje de contener el delito de aborto y homologar la legislación con pleno respeto a los derechos humanos. De igual forma, exigieron al gobernador electo, Mauricio Kuri González, que asuma su responsabilidad de garantizar los servicios de salud a las mujeres, “sin prejuicios, sin moralismos y con base en garantizar el acceso a la salud pública, así como a la implementación de políticas públicas que permitan el acompañamiento integral de las mujeres en materia de salud, en condiciones de igualdad, dignidad y libertad”.
Además, denunciaron que mientras se tienen abiertas 18 carpetas por aborto, a las mujeres que acuden a denunciar situaciones de violencia familiar les abren carpetas de investigación por lesiones y las obligan a convivir con sus agresores y no se judicializan las denuncias de violación por falta de pruebas.
“Denunciamos que nos encontramos en un sistema patriarcal y criminalizador. Querétaro, la hoguera de las mujeres libertarias, se ha vuelto un referente en simulación sobre el actuar frente a la violencia contra las mujeres”, insistieron, al demandar también la publicación inmediata de la reforma que garantiza el derecho de acceso al matrimonio para todas las personas.
