• A nombre del gremio, su presidenta Mayela Portos lamenta que se busque reformar al Poder Judicial de la Federación sin atender la Ley Federal de Consulta Popular consagrada en la Constitución Política de México.
• “Alzamos la voz como litigantes porque estamos en la antesala de dar entrada a meros actores políticos de dudosa capacidad para ser los próximos juzgadores”.
• Se pretende de facto su elección por voto popular directo y sustitución de más de mil seiscientos Ministros, Magistrados, Juezas y Jueces de Distrito.
• Como Colegio de Abogados tenemos la obligación con los queretanos de cuestionar no solamente el discurso político, sino las bases y trascendencia jurídica de la reforma, cuyos mecanismos a implementar no abonan a la consolidación de un Estado Constitucional de Derecho ni dan una solución real a los conflictos de la justicia.
“La elección popular de personas juzgadoras no garantiza una mayor legitimidad ni calidad en la función judicial”, expresó a nombre del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, su presidenta Mayela Portos, respecto a la iniciativa de Reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).
El gremio de abogados litigantes de mayor tradición jurídica en Querétaro con 52 años de existencia, reprueba que el Ejecutivo Federal pretenda realizar cambios de fondo al Poder Judicial Federal y los poderes judiciales locales, sin haber realizado una Consulta Popular en términos de la Fracción VIII del Art. 35 de la Constitución Política de México.
“Tenemos en México la Ley Federal de Consulta Popular y no fue tomada en cuenta para un tema de tanta trascendencia para la nación. Entre diversos atropellos que se manifiestan, se pretende de facto la elección por voto popular directo y sustitución de más de mil seiscientos Ministros, Magistrados, Juezas y Jueces de Distrito”.
Lo más grave, abundó Mayela, es que las destituciones y despidos que se harán en caso de aprobarse la reforma serán de manera autoritaria, antidemocrática y sin argumentos, pues los dichos de “corrupción y malos manejos del Poder Judicial” con los que justifican la reforma son producto de sospechas no probadas ni mucho menos soportadas.
“Como abogados litigantes que conocemos a fondo el trabajo de las y los juzgadores alzamos la voz porque estamos en la antesala de dar entrada a meros actores políticos de dudosa capacidad que, a través de “campañas” y “procesos electorales”, se conviertan en nuestros nuevos “juzgadores”. Lo anterior con muchas posibilidades de que actúen a modo del gobernante en turno o el partido político que influya en su elección, lo cual va contra nuestra tradición jurídica”.
A nombre del gremio que tiene presencia en los 18 municipios de Querétaro a través de Capítulos, Portos Hernández enfatizó que la elección de personas juzgadoras no asegura la calidad en su desempeño y en sus decisiones. “Por el contrario, la desaparición de los concursos de oposición y la probable ausencia de experiencia y/o formación judicial, puede derivar en un desempeño deficiente”.
“Si algo nos ha enseñado la historia es que la justicia no se da por aclamación y las personas juzgadoras no deben buscar la popularidad. Es decir, en el ámbito jurídico las personas juzgadoras deben ser independientes de las mayorías, para ser capaces de garantizar los límites impuestos por la Constitución, incluso, cuando sean contrarios a los intereses de las mayorías”.
Al referir que el actualmente el PJF se compone por 1,496 órganos jurisdiccionales y administrativos que requieren de las labores de 54 mil 388 personas servidoras públicas, Mayela Portos recalcó el exhaustivo trabajo que tienen las y los juzgadores en México, “tan solo en 2022 se ingresaron al PJF 1 millón 256 mil 77 asuntos, con la resolución en el mismo periodo de tiempo de 1 millón 214 mil 806 casos, lo que significa que cada persona juzgadora resolvió 762 asuntos durante ese año”.
El paso del Consejo de la Judicatura Federal a un Órgano Administrativo Judicial y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, no solo viene a engrosar las filas de la burocracia, sino que además compromete la independencia judicial entre otros.
Como Colegio de Abogados siempre apoyaremos reformas que combatan la impunidad, nepotismo y corrupción. Sin embargo, tenemos la obligación con los queretanos de cuestionar no solamente el discurso político sino las bases y trascendencia jurídica de la reforma, cuyos mecanismos a implementar no abonan a la consolidación de un Estado Constitucional de Derecho ni dan una solución real a los conflictos de la justicia civil, familiar, penal ni laboral que enfrentamos los ciudadanos.
Para finalizar, en representación del gremio, realizó un exhorto para que los encargados del proceso legislativo de la pretendida reforma, cumplan a cabalidad con su tarea Constitucional fuera de tendencias políticas y partidistas.
“El Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro A.C., pide al Poder Ejecutivo Federal, a ambas Cámaras Legislativas y a las Legislaturas de los Estados, que cumplan con su tarea Constitucional fuera de tendencias partidistas y de llamados “movimientos”, de no afectar a las y los ciudadanos y a nuestra democracia con este tipo de reformas sin consultar formalmente a ningún mexicano”, finalizó.
