Una aeronave procedente de Sudamérica, con un cargamento de aproximadamente 340 kilogramos de una sustancia con las características de la cocaína, fue asegurada por elementos del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, luego de aterrizar en una pista clandestina en el estado de Chiapas.

El Sistema Integral de Vigilancia Aérea (SIVA), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detectó, el 8 de octubre pasado, una avioneta no identificada, por lo que se alertó a las Fuerzas de Reacción Helitransportadas y terrestres de los Mandos Territoriales del Ejército Mexicano.

En el operativo se ordenó a la Fuerza Aérea Mexicana el despegue de dos aviones Embraer EMB-145, tres helicópteros UH-60 y dos aviones T-6C para dar seguimiento e interceptar a la aeronave sospechosa, a su ingreso en el espacio aéreo mexicano.

El seguimiento de radar y contacto visual con la aeronave sospechosa permitió confirmar que realizó su aterrizaje en una pista ilegal, ubicada a 14 kilómetros al suroeste de Tres Picos, Chiapas, en un punto donde ya se encontraba un grupo de personas.

Al detectar el despliegue del personal militar, los sospechosos emprendieron la huida, abandonando la aeronave y su carga, sin que se lograra detenerlos.

Elementos de la Fuerza de Reacción Helitransportada, del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, arribaron al lugar del aterrizaje en un helicóptero UH-60 para establecer un perímetro de seguridad y realizar una inspección en la aeronave sospechosa, identificada con la matrícula N1213T.

En el interior de la avioneta se encontraron diversos paquetes que contenían la presunta cocaína, que en total sumaron aproximadamente 340 kilos de peso, los que fueron puestos a disposición de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad.

La Sedena indicó que el operativo de intercepción se realizó en el marco de los acuerdos establecidos en la Conferencia de Interoperabilidad Regional de Vigilancia y Seguridad del Espacio Aéreo, entre los países latinoamericanos y del Caribe; dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política de Cero Impunidad del Gobierno federal.

Que los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, mantengan sus demandas legítimas por la verdad, la justicia y la presentación de sus hijos, por encima de los actos de provocación, pidió Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Luego de las manifestaciones para exigir justicia que terminaron en actos de violencia en la Fiscalía General de la República (FGR), y la Embajada de Israel en México, Encinas Rodríguez exhortó a los familiares y estudiantes normalistas que tengan confianza en las investigaciones, porque el caso no está cerrado, se siguen acopiando evidencias, “continúa la búsqueda de los muchachos” y próximamente se presentará un segundo informe de resultados.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el subsecretario de la Segob, aseguró que en México existen plenas garantías para la libertad de expresión y el derecho a la manifestación, en una semana que, adelantó, será muy intensa en movilizaciones al Campo Militar número 1, la conmemoración del octavo aniversario de Ayotzinapa, la acción global por el derecho a las mujeres a decidir y el Aniversario del 2 de octubre en Tlatelolco.

“Que la provocación no sea el signo de estas luchas legítimas en nuestro país, no solamente en el caso Ayotzinapa, sino también en el caso de la Guerra Sucia y los derechos y libertades de las mujeres en México”, manifestó.

Alejandro Encinas adelantó que por instrucciones del presidente de la República solicitará formalmente al Poder Judicial de la Federación autorización para dar a conocer los nombres de las 46 personas señaladas en el informe de la Comisión de la Verdad, haciendo la defensa del principio de máxima publicidad en materia de derechos humanos.

En este sentido, confirmó que se presentarán quejas y denuncias “contra el actuar indebido de algunos jueces”, que han dejado en libertad a los presuntos responsables, porque no en todos los casos tiene que ver con la mala integración de las carpetas de investigación como aseguró el ministro Arturo Zaldivar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Evidentemente si hay actuaciones indebidas o casos de jueces que señalan que prescribe el delito de desaparición forzada cuando la legislación de nuestro país señala que estos delitos en materia de violaciones graves a los derechos humanos son imprescriptibles.

Aquí quiero comentarle al señor presidente de la Suprema Corte de Justicia que lo que nosotros, nuestro objetivo y nuestra obligación fundamental es velar por el derecho de las víctimas, el interés superior de las víctimas y su derecho a la verdad y la justicia”, indicó.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, agregó que era predecible la respuesta de los «testaferros» de la «verdad histórica», al tratar de descalificar el último informe presentado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

«Hemos presentado toda la información y las evidencias sobre las cuales fundamos y seguimos acopiando mayor información, mayores evidencias continuamos con las labores de búsqueda de los muchachos y en su oportunidad, presentaremos un segundo informe sobre los trabajos de la comisión”, subrayó.