El asesor jurídico de 13 víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro, Teófilo Benítez Granados, presentó el recurso de apelación a las medidas cautelares impuestas al ex director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas y otros siete acusados, por considerarlas insuficientes para evitar que se sustraigan de la acción de la justicia y se garantice la reparación integral del daño.

El penalista presentó dicha impugnación ante la Unidad de Gestión Judicial Número Cinco del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

La impugnación se basa fundamentalmente en promover que los acusados solventen la reparación del daño causado a las 13 víctimas directas e indirectas del colapso de la Línea 12 ocurrido el 3 de mayo de 2021, por lo que la asesoría jurídica solicitó el congelamiento de sus cuentas bancarias, mediante un instrumento precautorio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Esto permitirá garantizar que, en caso de una sustracción de la justicia, existan fondos para cubrir una eventual indemnización.

“Dentro de esta medida cautelar se solicitó a dicha unidad el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero”, dijo Benítez Granados.

“Además, la Ley General de Víctimas establece que los agraviados tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición”.

En el pliego presentado ante el Poder Judicial también se estableció la posibilidad de la colocación del brazalete electrónico de seguridad, para mantener un monitoreo permanente las 24 horas y los siete días de la semana a los imputados, que enfrentan acusación por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos culposos, sin que eso perjudique los derechos humanos de los acusado, pues no se contempla el arresto domiciliario.

De acuerdo con el artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las medidas cautelares impuestas por el Juez de Control José Luis Palacios, “No tuvieron una correcta ponderación de los derechos fundamentales de las víctimas”, sostuvo Granados Benítez.

Otro de los aspectos que no evaluó adecuadamente el Juez Palacios, fue valorar el potencial riesgo al proceso y a las víctimas, “para poder asegurar que las medidas cautelares impuestas, hasta este momento, son las necesarias para garantizar que cada uno de los imputados se sometan al procedimiento”.

Desde octubre de 2021, se encuentra “atorada” sin ser dictaminada en comisiones del Senado una iniciativa del senador Ricardo Monreal y Antonio Franyuti, director general de «Animal Héroes», la cual busca regular a los refugios de animales “perseguir de oficio” la crueldad y el maltrato a estos seres vivos.

Se trata de una iniciativa para expedir la Ley General de Bienestar Animal, cuyo objetivo es dignificar el trato de los animales y sancionar a quienes los maltraten y asesinen.

La propuesta consta de 57 artículos en la que se amplía la gama de conceptos como el de «animal de compañía, «animal destinado para consumo» y «animal en trabajo», con la finalidad de diferenciar relaciones humano-animal y, por ende, la competencia de las autoridades.

Asimismo, la Ley General de Bienestar Animal busca otorgar certeza jurídica a los ciudadanos sobre su observancia y aplicación; sienta las bases para la creación de un sistema nacional de información, así como la regulación de los refugios, con la imposición de obligaciones adicionales a los tutores a cargo de este tipo de establecimientos.

En México existen diversas leyes y normas en materia de bienestar animal, no obstante, el maltrato y la crueldad hacia los seres vivos no humanos es un hecho recurrente.

Es decir, existe la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, avalada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco) y adoptada por nuestro país; el Código Penal Federal; la Ley de Responsabilidad Ambiental; la Ley Federal de Sanidad Animal (ésta particularmente en materia de prácticas en establecimientos dedicados al procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, como son los rastros); la Ley General de Vida Silvestre; la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; y las leyes y códigos penales en diferentes entidades del país.

En este sentido, casi todas las entidades cuentan con leyes de bienestar animal y tipifican como delito la violencia contra los seres vivos no humanos, con excepción de Chiapas y Tlaxcala, donde el maltrato animal aún no está considerado dentro de sus respectivos códigos penales.

En julio del 2021 el Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad la iniciativa de la diputada Elizabeth Millán García, que endurece las penas por maltrato animal, y lo sanciona de 2 a 4 años de prisión, y en casos de que se fotografié, videograba y/o difunde, la pena aumenta hasta en una mitad.

Además, de 150 a 300 días de multa a quien cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga, con el propósito, o no, de causarle la muerte.

En junio del 2021, el Congreso del Estado de Morelia aprobó penas de tres meses a cuatro años de prisión y multas económicas que van 4 mil hasta 50 mil pesos, a quien perpetre crueldad, maltrato animal o derivado de este le provoque la muerte y, se multiplicará en caso de reincidencia o se difunda en redes sociales.

Un ejemplo es que un padre de familia que abandona a un perro por no tener posibilidad de seguirse haciendo cargo de él, se haría acreedor una pena de prisión mínima de dos años y una multa mínima de 134 mil 340 pesos, mismo caso sería si le cortara las orejas o la cola; tuviera que operarle un veterinario sin administrarle anestesia, entre otras.