Un grupo de unos 400 migrantes centroamericanos estuvieron a punto de asfixiarse tras ser abandonados en el interior de la caja de un tráiler, en el tramo Sayula de Alemán-Acayucan, en Veracruz.

Sólo 93 de ellos están bajo resguardo de las autoridades y otros fueron atendidos en el hospital del municipio de Oluta.

“Venían 400 personas en un tráiler; fue abandonado, la caja fue abandonada con todo y tráiler”, explicó Carlos Escalante, director de Atención a Migrantes de Veracruz

Los migrantes, quienes fueron asegurados por el Instituto Nacional de Migración, narraron que lograron abrir un hueco y por ahí comenzaron a salir desesperados. En medio de la penumbra escaparon antes de la llegada de las autoridades de la región sur del estado.

Los traficantes apilaron a los migrantes, originarios de Venezuela, Honduras, Haití, El Salvador y Nicaragua, en un tráiler con razón social de la empresa Euro Logistic.

A unos kilómetros de la caseta de cobro de Acayucan detuvieron su viaje, ya que fueron advertidos, que había agentes federales que revisaban unidades pesadas, por lo que abandonaron la unidad y a los migrantes a su suerte cerca de la medianoche del miércoles.

Los viajantes notaron que el vehículo estaba detenido y comenzaba a faltarles el aire.

Algunos comenzaron a golpear el techo hasta que se abrió un hueco y salieron, apoyados por otras personas que escucharon los gritos y golpes con los que pedían auxilio.

Algunos huyeron, otros resultaron lesionados, por lo que ya no pudieron escapar; los últimos en salir de la caja estaban débiles y en mal estado de salud.

Los viajeros abordaron la unidad en Chiapas.

El asesor jurídico de 13 víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro, Teófilo Benítez Granados, presentó el recurso de apelación a las medidas cautelares impuestas al ex director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas y otros siete acusados, por considerarlas insuficientes para evitar que se sustraigan de la acción de la justicia y se garantice la reparación integral del daño.

El penalista presentó dicha impugnación ante la Unidad de Gestión Judicial Número Cinco del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

La impugnación se basa fundamentalmente en promover que los acusados solventen la reparación del daño causado a las 13 víctimas directas e indirectas del colapso de la Línea 12 ocurrido el 3 de mayo de 2021, por lo que la asesoría jurídica solicitó el congelamiento de sus cuentas bancarias, mediante un instrumento precautorio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Esto permitirá garantizar que, en caso de una sustracción de la justicia, existan fondos para cubrir una eventual indemnización.

“Dentro de esta medida cautelar se solicitó a dicha unidad el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero”, dijo Benítez Granados.

“Además, la Ley General de Víctimas establece que los agraviados tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición”.

En el pliego presentado ante el Poder Judicial también se estableció la posibilidad de la colocación del brazalete electrónico de seguridad, para mantener un monitoreo permanente las 24 horas y los siete días de la semana a los imputados, que enfrentan acusación por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos culposos, sin que eso perjudique los derechos humanos de los acusado, pues no se contempla el arresto domiciliario.

De acuerdo con el artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las medidas cautelares impuestas por el Juez de Control José Luis Palacios, “No tuvieron una correcta ponderación de los derechos fundamentales de las víctimas”, sostuvo Granados Benítez.

Otro de los aspectos que no evaluó adecuadamente el Juez Palacios, fue valorar el potencial riesgo al proceso y a las víctimas, “para poder asegurar que las medidas cautelares impuestas, hasta este momento, son las necesarias para garantizar que cada uno de los imputados se sometan al procedimiento”.

Una explosión se registró esta tarde en la empresa Quratex en San Francisco Totimehuacán, Puebla, lo que movilizó a los servicios de emergencia a la zona para atender la situación.

Personal de Protección Civil, bomberos, y policías llegaron a la zona para mitigar los riesgos tras la explosión.

De acuerdo con información preliminar, una persona murió y nueve resultaron heridas, de las cuales sólo una de ellas requirió ser trasladada a un hospital para su atención médica ante las heridas que presenta. En tanto, 130 trabajadores fueron evacuados.

En el lugar se encuentra la secretaria de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, María del Consuelo Cruz Galindo, quien analiza la situación.

La explosión se habría originado por una fuga de gas en una caldera. Bomberos descartaron riesgos tras la revisión del lugar.