La organización ciudadana autónoma de carácter internacional World Justice Project (WJP) calificó al estado de Querétaro como primer lugar nacional en los factores justicia penal, derechos fundamentales y ausencia de corrupción, de acuerdo a los resultados del Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021.

En la presentación de la tercera edición del Índice de Estado de Derecho, se dio a conocer públicamente que la entidad ocupa la cuarta posición del ranking nacional; sin embargo, obtuvo la primera posición por segundo año consecutivo en el factor justicia penal, además de tener esa distinción en ausencia de corrupción y respeto a los derechos fundamentales.

Así, el estado de Querétaro se consolida como referente nacional en justicia penal pese a las complejidades que ha traído la pandemia por COVID-19, considerando la aplicación y respeto de las medidas sanitarias.

Y es que, de acuerdo al estudio, en otros estados del país se vieron afectadas algunas instituciones de justicia por dicha situación.

Uno de los aciertos de la entidad fue el impulsado a las acciones estratégicas en materia tecnológica y de desarrollo informático para agilizar los procesos de acceso a la justicia por vía digital, sin dejar de respetar las medidas de salubridad, algo por lo que se vieron afectados otros sistemas locales de justicia penal.

Por otro lado, el trabajo realizado por la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro fue fundamental para que la entidad haya obtenido el distintivo de primer lugar en respeto a los derechos fundamentales, merced a  contar con los centros penitenciarios más seguros y respetuosos de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad (PPL).

Uno de los elementos que resultan indispensables para tener dicha distinción en el rubro de derechos fundamentales, es la implementación del mecanismo de videollamadas que se ofrece en los centros penitenciarios y en el CIEMA, como alternativa de comunicación con sus familiares y defensores penales públicos, garantizando así a las PPL, su derecho a mantener vinculación con el exterior.

Por todo lo anterior, el estado de Querétaro se posiciona como una de 17 entidades federativas que incrementaron su porcentaje de efectividad, alcanzando la primera posición del ranking nacional en estos tres factores, de los ocho que evalúan: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

Los  ocho factores se desagregan en 42 sub factores, los cuales reflejan las perspectivas y experiencias de más de 25 mil personas en todo el país, más de dos mil 300 especialistas en justicia civil, justicia penal, justicia laboral y salud pública, así como resultados de una multiplicidad de encuestas y bases de otras instituciones reconocidas en estos temas.

Por este tipo de resultados y reconocimientos, a cinco años de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el estado de Querétaro, el modelo de gestión Cosmos está posicionado como referente nacional en justicia oral, debido a las buenas prácticas y la integralidad que ha logrado preponderar entre justicia, seguridad y respeto a los derechos humanos.

En el análisis numérico de COVID-19 que todos los lunes presenta la Vocería Organizacional de Querétaro, se dio a conocer que la tercera ola del fenómeno continúa imparable en su ascenso, llegando a velocidades sin precedente.

EL Vocero Organizacional, Rafael López González, mostró que en sólo 43 días la entidad alcanzó los mismos casos que el año anterior llevo seis meses, lo cual, aseguró, demuestra el efecto que tiene la variante Delta sobre los indicadores, y que “no se detendrá hasta que no entiendas que ya no estamos en dónde estábamos antes”.

Más adelante expuso cómo nos encontramos frente al periodo con mayor aceleración de toda pandemia, pues nunca antes había durado tanto un incremento en velocidad como ahora, teniendo como resultado que, al aumentar la cadena de contagios, también se eleva la hospitalización, que pasó de 96 el día 22 de julio a 201 el 5 de agosto, y en el mismo periodo las unidades de cuidados intensivos pasaron de 26 a 61 camas ocupadas y los fallecimientos de 31 a 61.

En este punto el Vocero destacó que, aunque las métricas estatales puedan mostrar cierto grado de capacidad hospitalaria en el estado, no se debe considerar que esa capacidad estará presente en todos los hospitales, pues, hay ya hospitales donde no existe capacidad para entender a más pacientes.

Afirmó que en el estado los hospitales pasan por una situación muy complicada que impacta la respuesta médica hacia quienes se enferman; adelantó a quienes hoy se contagien y requieran atención hospitalaria que podrían enfrentar situaciones angustiantes al no haber espacios para atenderse o no encontrar oxígeno.

Señaló que los esfuerzos del personal de salud son enormes, pues “luchan por la vida incluso más de lo que la cuidaron quienes son responsables de haberse contagiado”.

Por lo anterior llamó a controlar la pandemia desde lo individual ya que a cada quien corresponde cómo terminará este año y cómo comenzará el siguiente.

El Vocero informó que a partir de la emisión del próximo jueves la Vocería compartirá información oficial para que la población esté coordinada con el gobierno e instituciones educativas en el reto de que niñas, niños y adolescentes vuelvan de forma presencial a las aulas.

Para concluir López González preguntó “¿qué estás haciendo para que termine la pandemia?”, y pidió abrir los ojos, fijar metas y asumir nuestra responsabilidad.

En reunión de trabajo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se aprobaron y acumularon dos iniciativas del ley  para reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, para la creación de la  Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura, presentadas por esa dependencia y por el diputado José Néstor Domínguez Luna.

En dicho proyecto se estima necesario contar con una Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en la que se concentren todos los casos en la materia bajo el conocimiento de la institución, lo que permitirá otorgar atención especializada, bajo condiciones que hagan posible una actuación ministerial oportuna, sensible, eficiente y efectiva.

Además, con la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura, se daría cumplimiento a lo establecido en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, resultando esencialmente su inclusión en la estructura de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

La Unidad Especializada en Delitos de Tortura contará con un jefe de unidad, fiscales especializados, peritos profesionistas como mínimo en las materias de psicología y medicina, policías de investigación y el personal técnico y administrativo necesario para el cumplimiento de sus funciones. Contará con los recursos financieros y materiales necesarios conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y la suficiencia presupuestal autorizada.

El personal de la Unidad Especializada en Delitos de Tortura deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y demás disposiciones aplicables, para ser integrante y permanecer en ella, cuya designación y remoción estará a cargo del Fiscal General.

La presidenta de la comisión legislativa, Verónica Hernández Flores dijo que el estado se ha caracterizado por ser punta de lanza en temas de seguridad, contando con una de las policías más confiables en el país, así como con un sistema para la impartición de justicia que sirve como ejemplo para las demás entidades, por lo que resulta imperante que los delitos de tortura y otros tratos crueles sean erradicados.

El diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, autor de una de las iniciativas, dijo que con la creación de esta fiscalía se garantizará el respeto y la implementación de normas jurídicas encaminadas en prevenir y sancionar la tortura y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.

Finalmente, el legislador invitó a desahogar las iniciativas pendientes de analizar y dictaminar, ya que se encuentran en la recta final de la LIX Legislatura.